La participación política fue uno de los temas incluidos en la agenda de la mesa de diálogos de la Habana que se desarrolló en el ciclo 10 de 51 ciclos de reuniones que se dieron entre las delegaciones del Gobierno Colombiano y las FARC-EP; el desarrollo de esta mesa duró 5 meses comprendidos entre el 11 de junio al 6 de noviembre del año 2013, concluyendo con el Acuerdo del Punto 2, quedando sin lugar a dudas varios asuntos pendientes.
A pesar que los diálogos se dieron entre las delegaciones del gobierno colombiano y las FARC-EP, se tuvieron en cuenta insumos y propuestas presentadas por organizaciones sociales, políticas y expertos en la materia. En un ejercicio de inclusión, la mesa recibió: (i) las conclusiones del foro sobre “Participación Política” convocado por Naciones Unidas y el Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional, realizado los días 28, 29 y 30 de abril de 2013, en el que participaron 1.265 personas delegadas de 480 organizaciones, partidos políticos y movimientos sociales, así como también las relatorías de los Foros Regionales convocados por el CINEP, Viva la Ciudadanía y Foro por Colombia; (ii) la declaración de la cumbre de máximos comandantes de las FARC-EP y el ELN; y (iii) aportes de expertos en participación ciudadana y política, quienes viajaron a la Habana y se reunieron con las delegaciones, entre ellos ALBERTO ROJAS PUYO, FABIO VELASQUEZ, VICTOR MANUEL MONCAYO, MARCO ROMERO, CARLOS MEDINA GALLEGO y SERGIO DE ZUBIRÍA.
El núcleo central del acuerdo de participación política fue la ampliación democrática, que permitiera nuevas fuerzas en el escenario político y nuevos mecanismos democráticos de participación; esto implica varios aspectos, siendo los más urgentes: las garantías a las FARC-EP para su transformación en partido político y creación de nuevos partidos y movimientos políticos; el reconocimiento de los derechos y las garantías para la oposición política (fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales, creación del Estatuto de la Oposición, creación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, promoción de la reconciliación, la convivencia, tolerancia y no estigmatización de la oposición política, garantías para el ejercicio del derecho a la movilización y la protesta social, promoción y facilitación de espacios para tramitar las demandas del movimiento social); el acceso a espacios de canales y emisoras nacionales, regionales y local;la creación de las circunscripciones especiales de paz con representación en el congreso, integradas por mujeres, víctimas, campesinos/as y minorías étnicas; la creación de veedurías ciudadanas para combatir la corrupción , entre otros.
A pesar que, durante los diálogos de la Habana, la matriz mediática se movió alrededor de la preocupación del cumplimiento de los Acuerdos por parte de las FARC-EP, en lo que concierne a la implementación del punto 2 del Acuerdo Final de Paz, podemos decir con certeza que la responsabilidaddel incumplimiento recae en el Estado, puesto que desde el partido de gobierno se ha asumido una postura negacionista del acuerdo e irrespetuosa de la oposición política y el ejercicio del derecho a la protesta social.
A manera de balance, podemos indicar que, en relación con la creación de nuevos partidos y movimientos políticos, a pesar que se reconoció la personería jurídica al partido FARC, hoy llamado Comunes, se han presentado obstáculos para que este goce de la totalidad de las curules pactadas, caso concreto es la no posesión Benedicto González a su cargo como representantes a la Cámara, teniendo que recurrir a litigios innecesarios para reclamar el derecho; así mismo, el tratamiento estigmatizador y desproporcionado contra la ciudadanía que de volcó a las calles durante el 3er ciclo del paro Nacional, iniciado el 28 de abril de 2021 y prolongado hasta julio de 2021), es otra muestra de obstrucción a la constitución de nuevas formas organizativas y políticas.
En lo que respecta a la implementación de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, como forma de inclusión política de nuevos sectores, también es importante destacar que se han presentado obstáculos desde el congreso de la república, avalados por el presidente Iván Duque, puesto que, a pesar de haberse radicado el proyecto del acto legislativo para la aplicación de las mismas en los periodos 2018-2022 y 2022-2026, la mesa directiva del senado, en una interpretación “amañada de conteo de votos” se negó a aprobar el acto legislativo y dar su respectivo trámite en el año 2017, obligando a realizar un litigio innecesario a través de la acción de tutela por varios ciudadanos; esta tutela fue negada en un primer momento por un juez y luego por el tribunal Administrativo de Cundinamarca, sin embargo, la Corte Constitucionaldecidió revisar dichos fallos y, a pesar que al consultar a la presidencia de república y recibir de ésta respuesta conminando a rechazar la demanda tutela, consideró que los demandantes tenían razón y ordenó dar por aprobado el acto legislativo por el cual se crean las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, ajustando los periodos 2022-2026 y 2026-2030. En este punto es importante resaltar que tanto el congreso como el presidente estaban obligados a impulsar la implementación y no lo hicieron, lo cual durante 4 años obstruyó de forma directa la implementación y funcionamiento las 16 curules de paz que hubiesen sido relevantes para garantizar desde el congreso la implementación de la integridad del acuerdo de paz.
En lo que concierne a las garantías a la oposición política y la seguridad de líderes políticos y sociales el panorama es desalentador, desde la firma del Acuerdo de Paz hasta la fecha, es decir, noviembre de 2016 a octubre de 2021, han sido asesinados/as de forma sistemática 306 firmantes de paz[1], 1.153 líderes sociales y defensores de derechos humanos[2] y, durante los años 2017 y 2021 se han consumado 240 masacres en Colombia, dejando alrededor de 881 víctimas; de manera simbólica, es importante recordar que la primera masacre consumada después de la firma del Acuerdo Final de Paz fue la masacre del Tandil, en Tumaco, ocurrida el 5 de octubre de 2017 y atribuida a la Policía Nacional, que en marco de una manifestación de campesinos contra la erradicación forzada de cultivos, activó las armas del Estado dejando 7 personas muertas y 22 heridas, hoy el caso se encuentra en estudio de la Corte Constitucional debido a que, en desconocimiento a los estándares internacionales de derechos humanos, fue enviado a la justicia penal militar[3].
En relación con la implementación de una política que promueva la reconciliación, la convivencia, tolerancia y no estigmatización, ha sido evidente el negacionismo por parte del partido de gobierno y de instituciones como la fiscalía general de la Nación. Valga recordar que desde que Iván Duque fue electo presidente advirtió que modificaría los Acuerdos de Paz, luego, el partido de gobierno y el Ex Fiscal Néstor Humberto Martínez intentaron obstaculizar la implementación del desarrollo del marco normativo para el funcionamiento de la JEP, al tiempo que la fiscalía planeaba la persecución penal contra firmantes y trabajadores de la paz, iniciando la ejecución de dicho plan de abril de 2018 hasta el primer semestre de 2019, valiéndose de entrampamientos y montajes judiciales contra firmantes de paz, contratistas y funcionarios de la JEP con fines de desprestigiar tanto del Acuerdo de Paz como a la JEP.
En igual sentido, la Fiscalía General de la Nación ha continuado aplicando el derecho penal del enemigo contra firmantes de paz y líderes de movimiento social, así lo demuestran las judicializaciones contra David Ravelo Jr (defensor de derechos humanos), Rober Daza (líder campesino miembro del Congreso de los Pueblos), Leonardo Diaz (firmante de paz), Harold Ordoñez (firmante de paz), los 8 estudiantes de la Universidad del Atlántico procesados por protestar, Juliana Higuera (defensora de derechos humanos), entre otros casos que no son de público conocimiento.
Ahora bien, si hablamos de las garantías a la protesta social debemos aclarar que los pocos avances que hoy se tienen en materia de regulación del uso de la fuerza por parte del Estado obedecen a la exigencia que por vía de tutela han reclamado las víctimas de violencia policial y las organizaciones de derechos humanos, puesto que no ha sido autónoma la revisión de la normativa que regula el tratamiento de la misma ni la creación de espacios para el seguimiento de los protocolos que se deben aplicar en cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos. Adicionalmente, durante el periodo comprendido entre los años 2018 y 2021, Colombia ha vivido varios ciclos de protesta, habiéndose registrado más de 7.291 movilizaciones, en las cuales se han presentado más de 10.000 agresiones atribuidas a la policía nacional contra personas que ejercen su derecho a protestar, 5.248 de ellas ejecutadas en el 3er ciclo del Paro Nacional que inició el 28 de abril del 2021.
En términos generales, en los últimos dos años el ejercicio de los derechos a la movilización y a la protesta en Colombia se ha visto afectado por: (i) la estigmatización de la protesta social que pone en riesgo la democracia, la vida la integridad y la seguridad personal de la ciudadanía que protesta; (ii) el uso arbitrario de la detención administrativa, las torturas, tratos crueles y violencias basadas en género durante estos procedimientos; (iii) el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza policial; (iv) la militarización del espacio público, con medidas de excepción que afectan la protesta social; y, (v) la ausencia de una política pública de garantías para el ejercicio de la protesta social.
Debido a que el derecho a protestar durante el último paro nacional fue tratado con brutalidad policial, la CIDH, por solicitud de los organismos no gubernamentales de derechos humanos, visitó a Colombia durante los días el 8 y 10 de junio de 2021 y, posteriormente, emitió 40 recomendaciones al Estado Colombiano, al constatar que las reivindicaciones del paro eran estructurales e históricas, consignadas tanto en la constitución como en el acuerdo de paz del 2016, que existe un clima de polarización, estigmatización y violación, que persisten las lógicas del conflicto armado y se presentan hallazgos de graves violaciones a los derechos humanos, en particular del derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad de manifestantes, así como otras situaciones que ponen en riesgo la protesta social.
Hoy más que nunca la ciudadanía junto a quienes trabajamos por la paz y la defensa de los derechos humanos debemos juntar fuerzas para exigir el cumplimiento del Acuerdo de Paz e incluir en la agenda social y política aquellas problemáticas que no fueron previstas en dicho acuerdo, para transitar a una sociedad realmente democrática e incluyente, siendo un reto participar de manera responsable en el próximo escenario político y electoral en el que Colombia definirá su nuevo congreso y presidencia, los cuales esperamos sean de total respaldo a la paz.
Como lo indica el Acuerdo de Paz, la construcción y consolidación de la paz, definitivamente requiere de una ampliación democrática y asumir la responsabilidad de desarrollar una política que promueva la reconciliación, la convivencia y sobre todo la no estigmatización de la oposición política; lo ideal sería lograr en las nuevas elecciones un gobierno y un congreso que retome el compromiso de respetar el Acuerdo de Paz del 2016 en su integralidad, que permita una verdadera inclusión política; sin garantías reales y efectivas ningún grupo rebelde existente va a dar el paso de dejación de armas para su transformación en partido político y, por su parte, el movimiento social y político seguirá padeciendo la estigmatización y persecución política. Estamos en un momento definitivo para decidir poner fin a este largo ciclo de violencia.
Es necesario que el Estado se aparte de la aplicación del derecho penal de enemigo y cumpla con las Garantías para el ejercicio de la oposición y del derecho a la movilización y la protesta social, como mecanismo de inclusión política y ejercicio legítimo de derecho, porque hasta ahora los pocos avances que existen obedecen a la exigencia que por vía de litigio han reclamado las víctimas de violencia policial y las organizaciones de derechos humanos.
Es necesario y urgente insistir en que, además de lo ya enunciado, el Estado Colombia cumpla con un efectivo funcionamiento del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política y de la Comisión de Diálogo pactadas; con la construcción de agendas de trabajo locales, municipales y nacionales para la atención temprana de peticiones y propuestas de sectores y organizaciones; con la priorización del diálogo para la resolución de conflictos y la civilidad en el tratamiento de actividades de movilización y protesta, el respeto a los derechos humanos, incluso en situaciones de disturbios por parte de las autoridades; con la revisión y la modificación de las normas que aplican a la movilización y la protesta social; con el fortalecimiento de la vigilancia y control a la acción y medios utilizados por las autoridades para el tratamiento de la movilización y la protesta.
